La CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDA, culminó ejercicio de auditoría practicado a la Administración Municipal de Marsella con ocasión de atención a denuncia fiscal interpuestas por parte del Alcalde GERMAN DARIO GOMEZ con fundamento en las inconsistencias reportadas por el proveedor del software AIRE Empresa Grupo Metro.

Dicho ejercicio arrojó como resultado un total de nueve (09) hallazgos administrativos, dos (2) de los cuales tienen presunto alcance disciplinario, dos (02) presunto alcance penal, uno (01) presunto alcance fiscal en suma equivalente a TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCINETOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($352.809.555.oo).

La práctica para defraudar al erario detectada durante el ejercicio auditor, consistió en no reportar recibos de caja y/o facturas a la base de datos de los ingresos diarios, anularlos y/o modificarlos, sustituir efectivo por consignaciones y/o transferencias sin identificar, hechos ocurridos en las vigencias fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017, generando la disminución del efectivo en caja en suma equivalente a $352.809.555. La pérdida de dichos recursos, se produjo en virtud a la vulnerabilidad del sistema de administración financiera y contable, dado que los usuarios concurrieron sin las restricciones necesarias de los perfiles, es decir, que no hubo limitaciones en la manipulación del sistema en el módulo de predial, presupuestal y contable, amparado en la ausencia de control interno por parte de los responsables del proceso financiero y del sistema administrativo, además de concentración de funciones y atribuciones. Vale anotar respecto al Impuesto de Industria y Comercio que a pesar que está contenido en el
Software de AIRE no ha sido desarrollado aún, por lo que su expedición es manual y por lo tanto fácilmente manipulable.

Otra de las causas generadoras de riesgo detectada, es la concentración de funciones en algunos empleados de la administración, especialmente la auxiliar administrativa ubicada en la Secretaría de Hacienda del Municipio, quien contaba para la fecha de los hechos con permiso informático para emitir, modificar y anular recibos y/o facturas, recaudar y consignar efectivo, efectuar acuerdos de pago y prescripciones y producir diferentes reportes en tesorería, lo que refleja debilidades en la estructura organizacional, situación agravada por la ausencia de control administrativo por parte de la Secretaría de Hacienda, pues no se evidenciaron acciones administrativas que conllevaran a que existieran consignaciones oportunas del recaudo en caja, tales como arqueos al finalizar la jornada
laboral, conciliaciones de recaudo – vs – boletines con sus soportes y custodia del efectivo
ingresado.

Lo anterior, aunado a la ausencia de seguimiento, evaluación y control por parte de la oficina de Control Interno, pues no se evidenciaron acciones de auditoría interna a los procesos del área de tesorería, tales como arqueos y verificación de conciliaciones bancarias o cotejo de movimientos diarios de efectivo. Así mismo, no se reportan
acciones de control interno preventivas y/o correctivas sobre las operaciones de la Secretaría de Hacienda, especialmente en los procesos de planeación, presupuesto y manejo de recaudos por ventanilla.

Finalmente, la ausencia de políticas de seguridad tanto en el manejo de los bienes como de la información, conllevaron a que se presentaran pérdida de bienes del inventario, esto es el servidor y las cámaras de seguridad, agravado por el no reporte de incidentes presuntamente delictuosos ante las autoridades competentes quienes debieron haber adelantado su respectiva investigación.

De las irregularidades establecidas, se efectuaron los respectivos traslados de los hallazgos a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación por los presuntos de peculado por apropiación y/o culposo, daño informático y hurto, entre otros.

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