En el marco del control político de las sesiones ordinarias de la Asamblea de Risaralda comparecieron ante la plenaria el Secretario de Gobierno Israel Londoño Londoño y el Secretario Jurídico Federico Cano Franco.

El titular de la cartera de gobierno, destacó en su informe de gestión el balance delictivo de Risaralda entre el 1 de enero a junio 21 de 2020  y que comparado con el mismo periodo del año anterior, según el funcionario, han bajado de manera  sustancial así: homicidios 69 casos con una variación de -36%; lesiones personales 544 con -42%; hurtos personales 1055 con -33%; hurto a residencias 235 con -36%; hurto a comercio 322 con -42%, hurto a vehículos 17 con el -37% y hurto a motos 30 casos con una variación del -66%.

El funcionario también se refirió a diversos iniciativas de la secretaria, como el plan de prevención y protección de derechos humanos, plan de contingencia para emergencias producidas en el marco del conflicto armado, actividades de defensa y promoción de los derechos de las víctimas en conflicto, la atención a poblaciones y minorías étnicas, así como la ejecución del plan de seguridad y convivencia.

En cuanto al informe de orden público a la Asamblea, destacó Israel Londoño que “no se identifican zonas rurales del departamento que sean utilizados como corredores de movilidad por algún actor armado (ELN-Grupos Armados Organizados Residuales- Grupos Armados Organizados GAO y no se han identificado cultivos ilícitos, o laboratorios para el procesamiento de alcaloides, ni estructuras de narcotráfico de primero o segundo nivel)”.

Secretaría Jurídica

Entre tanto, El Secretario Jurídico Federico Cano dijo que en el primer trimestres del año 2020 el Departamento de Risaralda ha instaurado ocho demandas, 7 de ellas por controversias contractuales por un valor de $14.603.377.399 millones y  1 acción de repetición por un valor de $210.123.596 millones.

Agregó además, que en contra del Departamento de Risaralda en vigencias anteriores al año 2019 y primer trimestres del año 2020 se han presentado un total de 727 demandas por un valor total de $237.758.979.922 millones, entre las que se destacan 563 por nulidad y restablecimiento; 60 por reparación directa; 40 por acción popular; 24 por ordinario laboral; 10 por acción de grupo y 9 por llamamiento a garantía, entre otras.

Al iniciarse el periodo de intervenciones de los diputados, Durgues Espinosa manifestó su preocupación ante la Secretaria de Gobierno por la futura construcción de la cárcel de El Pílamo en el sector de Combia, manifestando que  “esta corporación no ha prestado atención a este tema, aquí al único que beneficia  es realmente a la empresa constructora y ese proyecto es un embeleco porque hasta el día de hoy no ha iniciado su construcción y mientras tanto el contrato sigue y allí hay una comunidad afectada”.

Luego el diputado Diomedes Toro se preguntó “cuál es el plan de contingencia de la Secretaria de Gobierno y las autoridades que se va a tener frente al Covid-19 y el tema de la cosecha cafetera” y manifestó también su preocupación por el problema de hacinamiento en la cárcel La 40 de Pereira.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Valencia resaltó la labor de las diversas autoridades y del Gobernador de Risaralda Víctor Manuel Tamayo frente al abuso sexual de que fue objeto una menor de edad indígena por parte de unidades militares del batallón San Mateo de Pereira, y manifestó que la cárcel de Santuario está dentro de las instalaciones de la alcaldía y debería presentarse una propuesta para su inmediato traslado.

El diputado Diego Naranjo pidió la intervención del Contralor General de la Republica Felipe Córdoba a revisar en forma detallada  el contrato de construcción de la cárcel El Pílamo, “porque necesitamos que haya vigilancia y control y esta asamblea debe exigirlo”.

La diputada Paola Nieto volvió a mostrar su preocupación por el aumento de la violencia de género sobre todo en esta época de pandemia y que es necesario que en  los  respectivos concejos de seguridad se analice con mayor detenimiento este tema.

Posteriormente, fuel el diputado Carlos  Andrés Gil González  quien expresó que “veo un informe juicioso de la Secretaria de Gobierno que lo está haciendo en el tiempo que lo debe de hacer, y con los recursos económicos de los que puede disponer, pero ese despacho debe de hacer también, más programas de cultura ciudadana con sus funcionarios y contratistas”.

Luego, el diputado Carlos Wilson Suarez pidió más acompañamiento a los municipios, en los comités de seguridad municipales.

También intervino el diputado Carlos Alberto Henao para manifestar su preocupación por el futuro de la Cárcel El Pílamo y que ojalá el Gobierno Nacional cumpla con su construcción en el tiempo estipulado.

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