Dentro de la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación ante la problemática generada por la cría y sacrificio de animales en el área urbana de Santa Rosa de Cabal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda ordenó amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la salubridad pública de los habitantes del municipio.

La sentencia dispuso que en el término de 12 meses la alcaldía municipal, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Corporación Autónoma Regional (Carder), la Gobernación de Risaralda, la Empresa de Obras Sanitarias (Empocabal) y la Policía Nacional censen y realicen visitas técnicas a los predios que tienen criaderos de animales en zona urbana

El Tribunal solicitó iniciar el plan de cierre de establecimientos y verificar cada mes, que no se adquieran más animales de cría hasta terminar con los existentes y culminar su proceso productivo, e instruirlos sobre los requerimientos ambientales y sanitarios que exige esta actividad económica, y las alternativas ofrecidas por el gobierno, a las cuales podrían acceder.

El municipio de Santa Rosa de Cabal, con apoyo del departamento de Risaralda, debe gestionar convenios con otras empresas, a fin de recibir los animales incautados.

Para verificar el cumplimiento de la sentencia, el tribunal designó a las entidades accionadas, a la Procuradora 28 Judicial II en Asuntos Ambientales y Agrarios de Pereira, al ministro de Defensa y al magistrado ponente, quienes rendirán informe sobre las soluciones adoptadas en el término de 18 meses.

#Ejealdía #Colombia #Risaralda #Pereira